A 20 años aumenta prescripción de pena para delitos sexuales contra menores

La medida hace parte de una Ley que ya fue sancionada por el Presidente Uribe. Hasta ahora la prescripción correspondía al máximo de la pena, de acuerdo con el delito. La norma busca reducir los niveles de impunidad.
Bogotá, 10 sep (SP). El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sancionó la Ley 1154 de septiembre de 2006, mediante la cual se aumentan los términos de prescripción de la acción penal para quienes cometan delitos sexuales contra menores de edad. La norma modifica el artículo 83 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal.
La nueva Ley introduce dos cambios al régimen general de prescripción de la acción penal para los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, y el incesto, cometidos en menores de edad.
En efecto, establece un término fijo de prescripción de 20 años, y un momento específico a partir del cual se empieza a contar el término de prescripción, que será la mayoría de edad de la víctima.
En esta categoría de delitos sexuales figuran, entre otros, el acceso carnal violento, el acto sexual violento y el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
Anteriormente, para cada uno de estos delitos, la prescripción correspondía a la pena máxima. Por ejemplo, para el acceso carnal violento el Código Penal establece una pena entre 8 y 15 años, con lo cual la prescripción era de 15 años. Hoy la prescripción tiene un término fijo de 20 años.
Así mismo, antes el término de prescripción de la acción penal se contaba a partir del momento de la ocurrencia del delito. Hoy se cuenta a partir del momento en que la víctima cumpla la mayoría de edad.
Es decir que si, por ejemplo, la víctima tiene hoy 5 años, la prescripción empieza a operar a partir de que esta cumpla los 18 años.
La modificación garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes, víctimas de delitos sexuales, para que estos crímenes no queden impunes por prescripción.
Esto le permitirá al Estado tener un mayor tiempo de investigación para recoger las pruebas y sancionar al delincuente, con lo cual se disminuyen los niveles de impunidad.